Estamos a finales de agosto, una época del año, junto a los meses de marzo y abril, en la que los incendios forestales son el pan nuestro de cada día. Unos incendios que en el caso de Asturias, y tal como han señalado en innumerables ocasiones los informes remitidos por la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente, tienen su principal origen en la quema de matorral para obtener pastos para el ganado. A pesar de estos informes, las políticas del Principado de Asturias, apoyadas por prácticamente todos los grupos de la oposición, han obviado los datos y han eliminado una de las pocas medidas que había resultado útil para reducir este tipo de incendios: acotar al pastoreo aquellos montes que habían sido quemados previamente. No hace falta ser demasiado perspicaz para entender que si se quitan los beneficios directos de una determinada acción, esa acción dejaría de tener sentido.
Tampoco hace falta ser demasiado avispado para darse cuenta de que una vez eliminados por ley los acotamientos al pastoreo, el número de incendios se iba a incrementar. Y así ocurrió. Y por enésima vez, la Fiscalía de Medio Ambiente volvió a defender los acotamientos, considerando que su eliminación, aprobada por la Junta del Principado de Asturias (con el apoyo de PP, PSOE, IU, Foro y Ciudadanos) había sido un grave error, ya que "contribuía de manera eficaz a la disminución de incendios provocados".
Y de nuevo, y como es habitual, el Principado de Asturias hizo caso omiso a estas advertencias y tanto gobierno como oposición (que para eso sí se ponen de acuerdo), negaron cualquier relación causa-efecto entre ambas situaciones, a pesar de la contundencia de las pruebas. Ya en el año 2017, cuando se aprobó esa medida, algunas voces díscolas del PSOE asturiano, afirmaron que “No quedará un metro sin quemar por culpa de la reforma de la ley de Montes”, lo que sin duda le valdría a José Antonio Mesa, alcalde de Allande, un tirón de orejas por saltarse el argumentario y una petición de prudencia por parte del PP de Allande, que le dijo que "no se puede culpar a los ganaderos de incendiarios ni a nadie sin pruebas". Se ve que tampoco se han leído, o más bien, lo han leído pero lo han ignorado, los sucesivos informes de la Fiscalía, colmados de pruebas y sentencias.
Tras la eliminación de los acotamientos, el Gobierno asturiano parece haber dado con la solución para cambiar las estadísticas sobre el origen de los incendios: si no hay pruebas no hay sentencias, y por lo tanto no hay culpables. En Asturias existe un grupo de Agentes de Medio Natural que forman las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS), cuya misión es buscar las pruebas sobre el origen de los incendios y en el caso de que se confirme que han sido provocados, proporcionar la información necesaria para que se sentencie a los culpables según la legislación vigente. Las BRIPAS se crearon el 2 de julio de 2002 dentro de la desaparecida Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos del Principado de Asturias. Y desde entonces, su trabajo ha sido ha sido elogiado por el Fiscal de Medio Ambiente de Asturias, siendo un referente para los Agentes Forestales y Medioambientales del resto del Estado, habiendo conseguido 86 sentencias condenatorias desde su existencia, y marcando un récord en 2014 al sentar en el banquillo a 14 incendiaros, con sentencias condenatorias para todos ellos. Baste recordar que antes de la creación de estas brigadas la media de sentencias anuales por estos delitos oscilaba entre 1 y 3 al año. Sin duda, y a la vista de los resultados, la labor de las BRIPAS debería ser motivo de orgullo por parte del Principado, que incluso debería reforzarlas para lograr que la impunidad sobre estos delitos fuera cosa del pasado. Pero sorprendentemente, y coincidiendo con la modificación de la ley de montes que eliminó los acotamientos, el Principado modificó sus atribuciones y dependencias orgánicas, de forma que a partir de ese momento dependerían tanto orgánica como funcionalmente del Servicio de Extinción (SEPA), cuando antes dependían orgánicamente de la de la Dirección General de Justicia e Interior. De esta forma, y tal como ha denunciado la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), esto "podría llegar a suponer la invalidación de pruebas en procedimientos judiciales de no quedar debidamente delimitadas sus actuaciones en esta materia" ya que "los mandos y resto de personal no cuentan con la condición de Policía Judicial que les ampare para intervenir ante ilícitos penales".
En la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente del año pasado, se criticó con dureza este cambio de atribuciones , ya que, tal como dice explicitamente en su informe, "la nueva labor de la BRIPAS se centra en la investigación de la causa, pero no en la averiguación de la autoría, con lo cual la mayoría de las denuncias acaban en sobreseimiento por falta de pruebas". Evidentemente, el Principado de Asturias no cambió de opinión y tal como ha hecho hasta ahora, ni ha vuelto a imponer los acotamientos ni ha devuelto a la BRIPAS a sus atribuciones originales, y el resultado es evidente, tras el sobreseimiento de varios casos por falta de pruebas. No deja de ser curioso que tras las críticas de la Fiscalía, la portavoz del ejecutivo asturiano dijera que el Principado "perseguirá con todo rigor a las personas que provoquen incendios forestales". Si ese rigor consiste en dejar libres de sanción a los incendiarios, no hay duda de que están siendo muy rigurosos.
Pero la confirmación del interés del gobierno asturiano en desmantelar la BRIPAS y con ello, de aumentar la impunidad de los incendiarios, ha ocurrido hace unos pocos días, cuando nos enteramos por la prensa de que el Principado de Asturias tiene previsto contratar el año que viene a investigadores privados para "localizar las causas del incendio". Resumiendo, que esos investigadores privados van a encargarse de realizar el trabajo que ya realizaban con éxito los 8 agentes de Medio Natural que forman parte de la BRIPAS, y lo que es más demencial, con 3 plazas vacantes que quedan por cubrir. Sin duda, una jugada perfecta que el presidente del Principado de Asturias debería explicar en el Parlamento asturiano.
A fin de cuentas, y tal como decía el ex-director de Política Forestal del Principado, Joaquín Arce, "los incendios forestales son a la sociedad asturiana como el narcotráfico a la sociedad mexicana o la colombiana, o como la corrupción a la clase política española, es decir, algo consustancial y asumido, aceptado y tapado por una parte importante de la sociedad, pese a lo que digan el sentido común, el Código Penal, la economía y la ciencia, lo que dificulta enormemente los esfuerzos para acabar con esas prácticas dañinas y delictivas", lo que hace que los incendios sean tapados y asumidos tanto por la sociedad asturiana, como por sus gobernantes.
Mientras tanto, y ya que no interesa conseguir pruebas, seguiremos culpando de los incendios al viento, al calor y a la mala suerte, y mientras tanto los incendiarios seguirán campando a sus anchas. Como decía el otro, "viva el vino"
